El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) está instando a los gobiernos a reconocer el papel esencial de las enfermeras y otros profesionales sanitarios dándoles la prioridad cuando se tenga a disposición la vacuna contra el COVID-19.
Es lo moral y lo ético que hay que hacer para los trabajadores sanitarios en primera línea, pero también para salvaguardar los sistemas sanitarios amenazados por la pandemia en curso, que aún no ha alcanzado su pico, y prepararse para la amenaza de una segunda ola.
El CIE estima que el 8% de la totalidad de casos de COVID-19 se encuentra en los trabajadores sanitarios y la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que podría ser el 10%, lo cual supone 1,5 millones de casos, cifra que continúa creciendo. El peligro está lejos de haber finalizado y el CIE sigue recibiendo informes preocupantes de sus Asociaciones Nacionales de Enfermeras sobre la falta de test y de los debidos equipos de protección individual (EPI), así como sobre sistemas de salud bajo presión extrema y personal que está trabajando muchas horas seguidas y experimentando niveles de estrés elevados.
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado:
“Sin excusas, sin hipótesis y sin peros: hay que priorizar a las enfermeras y a otros trabajadores sanitarios cuando salga una vacuna para proteger su salud y bienestar, además de la de sus pacientes y los sistemas sanitarios en los que trabajan.
Los empleadores tienen el deber de cuidar de las enfermeras y estas nunca han de estar expuestas a ningún riesgo innecesario en el transcurso de su trabajo. Las enfermeras tienen derechos humanos y derechos de los trabajadores, incluido el derecho a la seguridad en el trabajo. Sin embargo, enfermeras de todo el mundo nos han hablado de escasez de EPI y de déficit de test, así como de la intensidad y la presión bajo la que están trabajando, y de falta de apoyo adecuado de salud mental. Todos ellos son ejemplos claros de dónde han sido lentos los gobiernos o no han dado la prioridad a los trabajadores sanitarios.
La nefasta situación actual se ve exacerbada por la falta de una recopilación sistemática de datos sobre las tasas de contagio y mortalidad de los trabajadores sanitarios, que el CIE lleva solicitando desde marzo, lo cual plantea la seria cuestión de por qué los gobiernos han sido lentos a la hora de recabarlos.
Los gobiernos han de priorizar la protección de las enfermeras y otros trabajadores sanitarios para que puedan dedicarse a su labor de cuidar de los enfermos y prevenir la propagación del virus. Esta es la manera correcta de actuar y además, así se protegerá a los pacientes y se contribuirá a salvaguardar los sistemas sanitarios en los que trabajan las enfermeras, que están resquebrajándose bajo la presión de la pandemia.”
El CIE está realizando este llamamiento a los gobiernos en un momento en el que vemos brotes significativos a nivel local, incrementos en lugares de África y las Américas, y el potencial para una segunda ola incluso más dañina.
El CIE ha trabajado de cerca con sus 130 Asociaciones Nacionales de Enfermeras desde el principio del brote del virus para coordinar sus acciones, en particular sosteniendo y liderando las respuestas de los países, así como abogando por los derechos de las enfermeras. La solidaridad entre las asociaciones nacionales ante la pandemia ha sido inmensa, al igual que el apoyo de los ciudadanos, pero ahora necesitamos ver un incremento en la solidaridad de los gobiernos hacia las enfermeras a través de acciones.
Descargar del comunicado de prensa aquí.